Reconoce Gobierno Federal políticas de inclusión laboral de administración de Alejandro Tello

Ciudad de México.- Gobierno Federal otorgó el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo” 2017 a la Secretaría de Administración (SAD), del Gobierno de Alejandro Tello Cristerna, por aplicar políticas de inclusión laboral para personas en situación de vulnerabilidad.
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) entregó al titular del SAD, Jorge Escobedo Armengol, el distintivo que posiciona a su dependencia, a nivel nacional, como gestora de prácticas laborales igualitarias, incluyentes y equitativas, entre su personal de trabajo.

Los ejes que lograron este reconocimiento se dividen en dos rubros; el primero de ellos es el trabajo digno; es decir, la administración de Alejandro Tello promueve el respeto a la dignidad humana, acceso a la seguridad social, salario remunerado, capacitación y condiciones óptimas de higiene y seguridad.

El segundo aspecto es la responsabilidad social vista a través del cumplimiento de obligaciones legales con el personal, invertir en el desarrollo profesional de los trabajadores, además de mejorar las condiciones laborales en cuestiones de instalaciones, normas y contratos.

Dicho reconocimiento tiene una validez de tres años, que comprenden el periodo 2018-2020, aunque podrá renovarse mediante la nueva participación del SAD durante el último año de vigencia; esto es, en el 2020.

El Distintivo existe desde el año 2005, pero a partir de 2007 la STPS es quien lo administra. Lleva el nombre de Gilberto Rincón Gallardo (1939-2008) en honor al político mexicano, cuyo legado consiste en la perenne lucha en contra de la discriminación racial, xenofobia y cualquier otra expresión de intolerancia.

La obtención del Distintivo Empresa Incluyente fue otorgada por un comité integrado por el Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación (Conapred), además del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis).

De igual manera, intervinieron en el resolutivo el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el Sida (Censida), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), entre otros.